El Gobierno actualiza la regulación de la dependencia en Ceuta y Melilla con nuevos estándares de calidad y ratios de personal más exigentes

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado una nueva regulación que actualiza los criterios de calidad y el procedimiento de acreditación para los centros y servicios privados que atienden a personas en situación de dependencia en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La Orden DCA/5/2026, de 2 de enero, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de enero de 2026, deroga la normativa anterior de 2010 y transpone al ámbito de gestión directa del Imserso el "Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad" aprobado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en junio de 2022.

Un marco normativo renovado para reforzar la calidad

La norma, que entra en vigor el mismo 2 de enero de 2026, tiene como objetivo principal garantizar que los centros, servicios y entidades privadas –tanto concertados como no concertados– que operan en el ámbito de la autonomía personal y la dependencia cumplan con unos estándares de calidad homogéneos y mejorados. La acreditación se configura como un requisito indispensable para poder suscribir conciertos con la administración y formar parte de la red de recursos del SAAD en estas ciudades, así como para atender a beneficiarios de prestaciones económicas vinculadas al servicio.

El desarrollo de la orden se enmarca en un largo proceso de revisión iniciado con el "Plan de choque" para el SAAD de 2021, que buscaba reforzar la calidad del sistema tras la crisis de la COVID-19. La nueva regulación incorpora un enfoque de atención centrada en la persona y de derechos humanos, exigiendo que cada usuario cuente con un plan personal de atención y apoyos que respete sus preferencias y proyecto de vida.

Novedades y requisitos clave

Entre las principales novedades destacan los estrictos requisitos sobre recursos humanos. La orden establece ratios mínimas de personal de atención directa (cuidadores, auxiliares) que irán incrementándose progresivamente cada año hasta diciembre de 2029. Por ejemplo, en residencias para personas mayores, la ratio de personal de atención directa de primer nivel (Ad1N) por plaza ocupada pasará de 0.35 en 2025 a 0.43 en 2029. En residencias para personas con discapacidad, el incremento será de 0.45 a 0.50.

Además, se impone un umbral del 80% de contratos indefinidos sobre el total de la plantilla de atención directa y coordinación, salvo causa justificada. También se regula con detalle la cualificación profesional del personal, aceptando títulos de Formación Profesional y certificados de profesionalidad, y se establecen procedimientos de habilitación excepcional y provisional para trabajadores con experiencia pero sin titulación formal, quienes dispondrán de un año para solicitar su certificación.

En cuanto a las condiciones estructurales, se fomenta un modelo de "unidades de convivencia" estables, con grupos reducidos (máximo 15 personas) que funcionen como un hogar. Para los centros de nueva creación, se limita el tamaño a un máximo de 120 plazas para mayores y 50 para personas con discapacidad, y se exige que al menos el 65% de las plazas sean en habitaciones individuales con baño adaptado. Todos los centros deberán garantizar accesibilidad universal, conexión a internet gratuita y disponer de protocolos específicos contra el maltrato.

Implicaciones y desafíos críticos

La aplicación de esta normativa plantea varios desafíos. En primer lugar, el impacto económico y de viabilidad para los operadores privados, especialmente los más pequeños. El incremento de ratios de personal y las exigencias de contratación indefinida suponen un aumento significativo de los costes laborales. Aunque la orden establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2029 para la adecuación completa, los centros deberán presentar planes de transición en un plazo de dos años e informes anuales de avance.

Por otro lado, la exigencia de cualificación formal para el personal de atención, a pesar de los procesos de habilitación excepcional, podría encontrar obstáculos en un sector históricamente marcado por la informalidad y la alta rotación. La orden busca profesionalizar el sector y mejorar las condiciones laborales, incluyendo el encuadramiento obligatorio en el Régimen General de la Seguridad Social, prohibiendo el uso del sistema especial de empleados del hogar.

Desde la perspectiva de los usuarios y las familias, la normativa promete una atención más personalizada, digna y respetuosa con los derechos. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad de supervisión y control por parte de las Direcciones Territoriales del Imserso en Ceuta y Melilla, así como de la suficiencia financiera del sistema para absorber los posibles incrementos en el coste de los conciertos, que podrían trasladarse a las administraciones públicas.

La orden ha sido sometida a los trámites de consulta pública y se ha recabado la opinión del Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de Discapacidad y los gobiernos de ambas ciudades autónomas, en un intento por garantizar la participación de los sectores afectados.

Fuentes

• Orden DCA/5/2026, de 2 de enero, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 13, de 15 de enero de 2026, páginas 6596 a 6639. Disponible en línea.
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
• Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, de 28 de junio de 2022.