15/01/2026 · BOE-A-2026-854
España convoca dos altos cargos municipales en Salamanca mediante el controvertido sistema de libre designación
El BOE publica las plazas de Secretario General y Tesorero del Ayuntamiento de Salamanca, con sueldos que superan los 55.000 euros anuales y un proceso de selección directa, reavivando el debate sobre la meritocracia en la función pública.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública este 15 de enero de 2026 una resolución de la Dirección General de la Función Pública que convoca, mediante el sistema de libre designación, dos puestos clave en la administración local de Salamanca. Se trata de los cargos de Secretario General de clase primera y de Tesorero del consistorio salmantino. La convocatoria, firmada el pasado 7 de enero, está reservada exclusivamente para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de las subescalas de Secretaría e Intervención-Tesorería, respectivamente. Los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles para presentar sus solicitudes.
Los puestos ofertados conllevan una retribución complementaria significativa. El de Secretaría General está dotado con un complemento específico anual de 62.041,7 euros, mientras que la plaza de Tesorero asciende a 55.124,02 euros anuales. Estas cuantías se suman al sueldo base y otros complementos generales de la función pública, lo que sitúa a estos cargos entre los mejor remunerados del escalafón local.
El mecanismo utilizado para cubrir estas vacantes, la libre designación, es uno de los sistemas de provisión de puestos de trabajo recogidos en la legislación. A diferencia de los concursos de méritos o las oposiciones, donde la puntuación y los exámenes determinan el acceso, la libre designación otorga a la autoridad convocante (en este caso, la Dirección de Administración Local de la Junta de Castilla y León) la potestad de elegir directamente al candidato que considere idóneo, siempre que cumpla los requisitos legales mínimos.
Este procedimiento, amparado en la Ley de Bases de Régimen Local y desarrollado por el Real Decreto 128/2018, ha sido históricamente objeto de críticas por parte de asociaciones de funcionarios y expertos en gobernanza. Sus detractores argumentan que puede favorecer la opacidad, el clientelismo político y la designación de perfiles afines al partido en el gobierno, en detrimento de los principios de igualdad, mérito y capacidad consagrados constitucionalmente. Los defensores del sistema, por su parte, subrayan su agilidad y su utilidad para cubrir puestos de especial responsabilidad y confianza donde la sintonía con los objetivos políticos del equipo de gobierno es un factor relevante.
La resolución publicada establece que los candidatos excluidos podrán impugnar la decisión mediante recurso de reposición ante la propia Dirección General de la Función Pública en el plazo de un mes, o directamente a través de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de dos meses. Las convocatorias íntegras fueron previamente publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León el 23 de diciembre de 2025.
Esta convocatoria se enmarca en un contexto de reforma y modernización de la administración pública española, liderada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Sin embargo, episodios como este continúan planteando preguntas sobre el equilibrio necesario entre la necesaria flexibilidad en la gestión del personal directivo y la garantía de procesos selectivos transparentes y equitativos que blinden la independencia técnica de la función pública.
Fuentes:
- Resolución de 7 de enero de 2026, de la Dirección General de la Función Pública. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2026-854) el 15/01/2026. Enlace al PDF
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.
- Boletín Oficial de Castilla y León, 23 de diciembre de 2025.