La Guardia Civil destina 24.000 euros a subvenciones para investigación en seguridad con un plazo de solicitud ultrarrápido

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública este 15 de enero de 2026 la convocatoria del Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) para financiar actividades de investigación en el ámbito de la seguridad durante el presente año. El extracto de la resolución, fechada el 1 de diciembre de 2025, detalla un presupuesto total de 24.000 euros, a repartir entre un máximo de cuatro proyectos, con una ayuda individual que no podrá superar los 6.000 euros. El plazo para que investigadores y entidades presenten sus solicitudes se reduce a quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en el diario oficial.

La convocatoria está dirigida a un amplio espectro de potenciales beneficiarios, incluyendo personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, comunidades de bienes y otras unidades económicas con domicilio en la Unión Europea. El único requisito sustancial es que los solicitantes deben ser capaces de llevar a cabo proyectos de investigación alineados con la seguridad pública y las líneas específicas que establece el texto completo de la convocatoria, accesible en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Esta iniciativa se rige por las bases reguladoras establecidas en la Orden INT/247/2024, de marzo de 2024, y las solicitudes deben presentarse en el registro del propio Centro Universitario de la Guardia Civil con sede en Aranjuez. La normativa impide que un mismo beneficiario presente más de una solicitud en esta edición.

Análisis de una convocatoria con luces y sombras Desde el punto de vista de la promoción del conocimiento, la convocatoria es una herramienta para fomentar estudios en un área de indudable relevancia social y política como es la seguridad. Sin embargo, varios aspectos de su diseño invitan a un análisis crítico y a cuestionar su potencial impacto real en el ecosistema investigador.

En primer lugar, la cuantía económica asignada, tanto global como por proyecto, es notablemente modesta. Un máximo de 6.000 euros por investigación difícilmente cubre los costes asociados a un trabajo riguroso que requiera, por ejemplo, trabajo de campo, adquisición de datos especializados o dedicación intensiva de recursos humanos. Este límite podría actuar como un filtro, atrayendo principalmente propuestas de bajo coste o desincentivando la participación de equipos consolidados, lo que potencialmente afecta a la calidad y ambición de las investigaciones financiadas.

En segundo término, el plazo de presentación de quince días hábiles es excepcionalmente breve para los estándares de las convocatorias de ayudas a la investigación, que suelen otorgar varios meses para la preparación de propuestas. Este cortísimo espacio de tiempo perjudica seriamente la planificación, la elaboración de proyectos competitivos y, en definitiva, la igualdad de oportunidades. Favorece de facto a aquellos actores que, por su proximidad institucional o por tener información anticipada, puedan tener los proyectos ya preparados, en detrimento de una competencia abierta y transparente.

Finalmente, la publicación en el BOE es un mero extracto, remitiendo para la información completa a un portal web externo. Si bien esto es una práctica común ajustada a la ley, añade una capa de complejidad para el ciudadano y plantea dudas sobre la máxima difusión y accesibilidad de los requisitos concretos. La convocatoria emana de una institución académica pero dependiente del Ministerio del Interior, lo que, sin cuestionar su legitimidad, invita a reflexionar sobre la independencia y las posibles líneas rojas de las investigaciones financiadas