El macrocomplejo renovable de Aragón avanza con una mordaza ambiental sin precedentes

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha dado luz verde ambiental al proyecto 'Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV', un macrocomplejo de energías renovables promovido por Enel Green Power España en las provincias de Teruel y Zaragoza. No obstante, la aprobación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de febrero de 2026, llega cargada de condiciones draconianas que obligan a eliminar parques eólicos completos, reducir drásticamente la superficie de plantas solares y soterrar kilómetros de líneas eléctricas. La resolución, fruto de un dilatado proceso de evaluación, evidencia el profundo conflicto entre la aceleración de la transición energética y la conservación de la biodiversidad en territorios de alto valor ecológico.

El proyecto original, con una potencia conjunta de 1.844,11 megavatios (MW), pretendía instalar siete hibridaciones compuestas por parques eólicos (PE), plantas solares fotovoltaicas (PSFV), sistemas de baterías y más de 150 kilómetros de infraestructuras de evacuación. Tras un proceso de información pública que recogió 33 alegaciones y numerosos informes de organismos como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) o la Dirección General de Biodiversidad, el promotor realizó modificaciones significativas en abril de 2025. Estas incluían la eliminación de 43 aerogeneradores considerados "potencialmente conflictivos" y una reducción de la superficie vallada de las plantas solares en más de 980 hectáreas.

Sin embargo, el órgano ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, consideró insuficientes estos recortes. En su valoración técnica, de una exhaustividad inusual, identifica impactos "severos" y "críticos", particularmente sobre la avifauna protegida. El análisis concluye que el parque eólico Empeltre, la planta solar San Martín y el parque eólico El Castillo, en su totalidad, "no son ambientalmente viables" y deben ser eliminados. Asimismo, ordena la retirada de aerogeneradores específicos en los parques La Plana, Ítaca, Alcor, La Torica y Pitarra. En total, se pasaría de los 156 aerogeneradores iniciales a un número muy reducido, aceptable solo bajo estrictas medidas de vigilancia.

Un territorio de alta sensibilidad ecológica

El corazón del conflicto radica en la ubicación del proyecto. Gran parte de las infraestructuras se sitúan en zonas calificadas con "sensibilidad ambiental máxima" según la zonificación del MITECO, en áreas críticas para aves esteparias —como el sisón común o la alondra ricotí, ambas en peligro de extinción— y en las proximidades de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) "Desfiladeros del Río Martín". Informes del INAGA y de la Subdirección General de Biodiversidad alertaron reiteradamente del "alto riesgo potencial de muerte por colisión" para especies como el alimoche, el águila real, el águila imperial ibérica y el buitre leonado.

La resolución hace suyas estas advertencias, aplicando el principio de precaución. Establece que, para especies como el alimoche, no se instalarán aerogeneradores en un radio de 5 kilómetros alrededor de nidos o dormideros. Además, impone un sofisticado protocolo de vigilancia y parada de aerogeneradores, que combina sistemas automáticos de detección con observadores humanos en una ratio de un técnico por cada tres máquinas.

Condiciones que redefinen el proyecto

La Declaración de Impacto Ambiental no se limita a recortar. Establece un condicionado con 101 prescripciones que modelan profundamente la ejecución y explotación del proyecto. Entre las más destacadas se encuentran:

• Soterramiento de líneas: Se exige el soterramiento de tramos clave de líneas de alta tensión, como los situados entre los apoyos 156 y 193 de la línea SEC La Plana-SEC La Masada, para reducir la mortalidad de aves.
• Medidas para la fauna: Todos los vallados perimetrales deberán ser permeables, con pasos para fauna y señalizados para evitar colisiones de aves. Se prohíbe el uso de herbicidas en las plantas solares, donde el control de vegetación solo podrá hacerse mediante pastoreo, siega o métodos manuales.
• Protección del paisaje y el suelo: Se prohíbe la nivelación de terrenos y el uso de hormigón en las estructuras de los paneles solares, que deberán ir hincadas. Se exigen pantallas vegetales perimetrales con especies autóctonas.
• Vigilancia ambiental reforzada: El Programa de Vigilancia Ambiental se extiende durante toda la vida útil del proyecto, con informes trimestrales en fase de obras y anuales en explotación, que deben enviarse a las autoridades.
• Protocolo de aerogeneradores conflictivos: Se anexa un protocolo detallado que obliga a la parada cautelar e incluso al desmantelamiento definitivo de cualquier aerogenerador que cause la muerte de ejemplares de especies amenazadas.

Entre la transición energética y la conservación

La resolución del BOE es un documento paradigmático que refleja la creciente complejidad de implantar megaproyectos renovables en un país con una biodiversidad rica y amenazada. Por un lado, se aprueba una infraestructura clave para los objetivos de descarbonización, enmarcada en una "Transición Justa" para comarcas afectadas por la desindustrialización. El estudio de impacto calcula un balance positivo de 17 millones de toneladas de CO2 ahorradas durante la vida útil del proyecto.

Por otro, la administración ambiental dibuja una red de condiciones tan tupida que cuestiona la viabilidad económica del proyecto tal como fue concebido. El texto recoge las alegaciones de plataformas ciudadanas y asociaciones que alertaban de la "homogeneización del paisaje" y la "saturación" de infraestructuras en el territorio. El órgano ambiental reconoce implícitamente estos riesgos al señalar la necesidad de considerar los "efectos sinérgicos y acumulativos" con otros proyectos renovables en la zona.

El "Nudo Mudéjar" seguirá adelante, pero su fisonomía final será radicalmente diferente a la planeada inicialmente. Su tramitación sienta un precedente sobre el nivel de exigencia ambiental que puede imponerse a los grandes desarrollos renovables, subrayando que la transición ecológica no puede realizarse a costa de la biodiversidad. El éxito de esta fórmula de compromiso extremo se medirá, en los próximos años, en la capacidad del promotor para operar bajo este corsé y en la eficacia real de las medidas para evitar una mortandad que los técnicos consideran probable.

Fuentes:

• Boletín Oficial del Estado. «Resolución de 9 de febrero de 2026, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto "Nudo de transición justa Mudéjar 400 kV..."». BOE-A-2026-4494, núm. 51, sección 3, pp. 29386-29465. Publicado el 26/02/2026. PDF disponible aquí.