El Tribunal Constitucional admite el conflicto del Senado contra el Gobierno por la falta de Presupuestos

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dado un paso histórico al admitir a trámite un conflicto entre órganos constitucionales interpuesto por el Senado contra el Gobierno de la Nación. La providencia, fechada el 24 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 28, abre un procedimiento para examinar una situación sin precedentes en la democracia española: la no presentación por parte del Gobierno de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, y la consecuente gestión de las finanzas públicas mediante prórrogas presupuestarias durante tres años consecutivos.

El conflicto, registrado con el número 8992-2025, se centra en lo que la Cámara Alta considera un "incumplimiento del deber constitucional" del Ejecutivo. La Constitución Española, en su artículo 134, establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". La persistente inacción del Gobierno, según la argumentación del Senado, habría vaciado de contenido el principio de control parlamentario de la hacienda pública, pilar fundamental de cualquier sistema democrático.

Esta admisión a trámite por parte del TC no prejuzga el fondo del asunto, pero otorga rango de debate constitucional a una crisis institucional prolongada. El uso de prórrogas presupuestarias está contemplado legalmente para situaciones excepcionales y de corta duración, permitiendo que se prorroguen automáticamente los presupuestos del año anterior cuando no se aprueben unos nuevos. Sin embargo, su aplicación durante tres ejercicios fiscales completos —y la posibilidad de un cuarto en 2026— supone un escenario no previsto y que, según expertos consultados, paraliza la capacidad de actuación del Estado en políticas nuevas, limita la inversión y mantiene una estructura de gasto rígida y desactualizada.

El conflicto plantea cuestiones de gran calado sobre la separación de poderes y el funcionamiento del Estado. Desde una perspectiva, se argumenta que el Gobierno, al no presentar unos presupuestos, estaría eludiendo el escrutinio y la capacidad de modificación del Parlamento, concentrando un poder excesivo. Desde otra, voces próximas al Ejecutivo han justificado esta situación por la complejidad política y la falta de mayorías estables, afirmando que las prórrogas garantizan la estabilidad y la continuidad de los servicios esenciales en un contexto complicado.

El procedimiento ahora iniciado en el Constitucional puede ser largo y sus implicaciones, profundas. Una eventual sentencia que diera la razón al Senado podría forzar al Gobierno a presentar urgentemente unos Presupuestos o, en un extremo, generar una crisis de gobernabilidad aún mayor. Este caso sienta un precedente sobre los límites del uso de mecanismos excepcionales y sobre los deberes constitucionales de los órganos del Estado, en un momento de tensión política sin igual en las últimas décadas.

Fuentes:

• Boletín Oficial del Estado (BOE). "Providencia del Tribunal Constitucional por la que se admite a trámite el conflicto entre órganos constitucionales nº 8992-2025." BOE-A-2026-4670, publicado el 28 de febrero de 2026. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-4670.
• Constitución Española, Artículo 134.